Inversiones: una promoción que es necesaria, pero no suficiente
El Gobierno ya convocó al primer concurso para acceder a beneficios para las industrias. Para las pymes, sería complejo
Por Nino Fernández
Invertir es apostar a la producción del futuro y el nuevo régimen tiene todavía muchos interrogantes.
En un nuevo capítulo de la historia local de los incentivos a la inversión, el Gobierno acaba de concretar el primer llamado a presentación de proyectos para los interesados en acceder a las ventajas de la Ley 26.360 de Promoción de Inversiones. La iniciativa, por supuesto, pretende apuntalar una de las variables más afectadas por la incertidumbre empresaria del último año.
“Queremos avanzar en el proceso de reindustrialización, incentivando la inversión productiva que genera empleo, con el objetivo de hacer más denso el entramado industrial mediante la generación de valor agregado local y la sustitución de importaciones”, dijo Débora Giorgi, ministra de Industria.
Aunque continúa la línea del cuestionado régimen anterior (Ley 25.924), de septiembre del 2004, la nueva norma presenta algunos cambios que, para sus defensores, la hacen más ágil y transparente, pero que genera dudas entre expertos y empresarios acerca de las posibilidades de acceso de las pymes al mecanismo.
Se busca fomentar la inversión en bienes de capital nuevos en la actividad industrial y en obras de infraestructura, a través de dos tipos de ventajas impositivas: la amortización acelerada en Ganancias y la devolución anticipada del IVA. Sólo aquellas empresas cuyos proyectos estén destinados íntegramente a la exportación o a la reconversión industrial para producción limpia, podrán aspirar a ambos beneficios simultáneamente.
El régimen, que se extenderá por tres años, fija un cupo fiscal de $ 1.000 millones anuales destinado a todo tipo de emprendimiento de origen manufacturero y uno de 200 millones, también anual, exclusivamente para pymes.
Diferencias y dudas
Según la consultora Orlando Ferreres & Asociados, la inversión privada en la Argentina cayó en julio pasado un 48,5% frente a igual mes del 2008, mientras que agosto mostró una baja del 13,6%.
En este marco, de una anemia inversora que cuestiona cualquier posibilidad de crecimiento, el Gobierno reglamentó la nueva ley de promoción. Se mantuvo, eso sí, la columna vertebral del régimen anterior, que si bien promovió inversiones por $ 8.570 millones, recibió cuestionamientos por favorecer, presuntamente, la concentración de capital, vía estímulos a grandes compañías, mientras resultaba escasamente amigable para las pymes.
Para Diego Coatz, economista Jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), “la normativa anterior tuvo éxito en los montos de aplicación y en sus efectos multiplicadores consecuentes, conllevando a importantes inversiones de empresas relevantes de nuestro país, pero no se pudo ocupar el cupo otorgado a las empresas de menor tamaño”.
Por su parte, Raúl Ochoa, economista que participó en el diseño de la Ley 25.924, como integrante de la Agencia de Desarrollo de Inversiones durante la gestión de Roberto Lavagna, dice que la complejidad del instrumento que desalienta a las pymes obedece a la existencia de los cupos fiscales. “Esto obliga a hacer controles muy estrictos de asignación y cumplimiento, que involucran a la AFIP, por un lado, y a la secretaría Legal Administrativa, por el otro. Pero además, por las características de este régimen, participan dos ministerios y varias secretarias, por lo que todo se torna complejo”, dice.
El especialista agrega que aquella norma fue sumando complejidad con los años hasta alcanzar un total de 69 normativas, que explican que aún hoy se estén aceptando proyectos de inversión. En cambio, la versión actual sólo tiene 5 “pero es igualmente compleja”.
Para Ochoa es sorprendente que la norma tenga carácter retroactivo a octubre del 2007 y un principio de ejecución del 15%, lo que significa que el interesado en el beneficio debe demostrar que inició hace dos años la inversión y que aún le resta concretar al menos el 85% de la misma. Esta condición, dice “podría estar demostrando cierta tendencia a privilegiar grandes inversiones, en la que poco tienen que ver las pymes”.
Sin embargo, “esta herramienta fue pensada para llegar tanto a grandes empresas como a las pymes. Y la hemos dotado de la suficiente agilidad para que en seis meses el empresario comience a percibir el beneficio”, dijo Giorgi.
Cambios
Entre los cambios que presenta la nueva legislación respecto al régimen anterior, figura la existencia de concursos públicos separados para las grandes empresas y pymes que se presenten al cupo mayor. De esa forma se evita que las grandes corran con ventaja al rankear los proyectos de acuerdo a valores de producción y empleo. También aparecen como ventajas el establecimiento de 60 días para que los interesados presenten todos los requisitos y la creación de una unidad de evaluación “ad hoc”, con dedicación exclusiva y permanente.
Para Coatz, será esencial la calidad de funcionamiento que pueda exhibir esta unidad de evaluación, así como “la reglamentación en torno a la formula polinómica que ordena los proyectos en un ranking que prioriza generación de empleo, aumento de la producción, de las exportaciones, la integración nacional, mejoras en la productividad y tratamiento ambiental”.
Por su parte, Raúl Zylbersztein, secretario general de la Confederación General Empresaria de República Argentina (CGERA), destaca algunas mejoras en el régimen; pero advierte que “le falta diferenciar los trámites y requisitos exigidos para los diferentes tamaños de empresas. Es una enorme inequidad no darle un estatus diferenciado a la empresa pyme y esto también vale para los costos”, dice.
Todo bien, ahora habría que hacer algo con la tasa de interés.
Fuente clarin 1/11/2009
Los olvidados del modelo industrial
Por Raúl Dellatorre
Tiene una mayoría de pymes y se queja por la falta de atención. “Hasta las autoridades elogian que aumente la importación de bienes de capital”, reclaman desde Cipibic, la cámara que agrupa a la industria nacional del sector. Reportaje a sus autoridades.
Luis Manini, titular de Cipibic. Un sector estratégico, pero que “no está en el discurso de nadie”.
Tradicionalmente se los asocia con grandes capitales, pero son en su enorme mayoría pequeñas y medianas empresas, con más trabajo en productos de diseño que en artículos de producción en serie. La industria de bienes de capital en Argentina es, para muchos, un misterio, un lugar estratégico en la cadena de valor pero poco cuidado. Con una entidad que los representa, que entre otras particularidades, tiene la de asociar exclusivamente a empresas de capital nacional, muchas de origen familiar. “A veces, parece que ni las autoridades del Gobierno nos ven, no conocen lo que representamos, cuando por ejemplo elogian que suban las cifras de importación de bienes de capital, sin advertir que eso también representa pérdidas de oportunidad o el desplazamiento liso y llano de la industria nacional”, se quejan, casi a coro, Luis Manini y Rubén Fabrizio, presidente y gerente de la cámara que agrupa a las industrias de proyectos e ingeniería de bienes de capital, Cipibic, en una charla con Página/12 junto al secretario de la misma entidad, Juan José Paravisi, y a Alberto Naisberg, miembro de la Comisión Directiva.
Actualmente, el sector de bienes de capital se compone de 3500 empresas que distribuyen 85 mil empleos directos. Un promedio de 24 empleados por planta. Pero los valores que se manejan son más impresionantes: exportan por 1100 millones de dólares, pero a la vez se importan productos del sector por 5500 millones de dólares al año.
“En el sector participa mucha mano de obra muy calificada, los que fabrican los productos y los que los proyectan”, describe Manini. Sin embargo, apunta Rubén Fabrizio, “la legislación nos equipara a empresas inmensamente más grandes, al nivel de Ford, General Motors, Techint o Monsanto, pero no recibimos subsidios de nadie, sufrimos una competencia externa totalmente desleal y siendo un sector estratégico para el desarrollo tecnológico no estamos en el discurso de nadie”.
–No son inmensamente grandes, pero trabajan con los grandes –interrogó Página/12 a los representantes de Cipibic.
–Hacemos productos de altísimo valor agregado y con mucha tecnología incorporada, desde maquinaria agrícola a grupos electrógenos. Casi todas las centrales a gas en el país fueron diseñadas y fabricadas por argentinos. Diseñamos y producimos desde equipos petroleros a piezas y partes de centrales nucleares. El problema es que las grandes empresas para las que trabajamos son las que tienen más posibilidades de ir a buscar los mismos productos al exterior. Y para el país y el desarrollo industrial, no es lo mismo comprar tecnología que generarla.
–Parece un concepto propio de un modelo de desarrollo independiente. ¿Por qué, entonces, no reciben un respaldo más explícito de sectores, diríamos, que en general se oponen a la libertad absoluta de mercado como determinante de la economía?
–Esa es otra lucha. Se necesitan políticas activas para defender el desarrollo tecnológico. Y se necesita decisión política. El tema industrial así, tratado profundamente, no está en la agenda de los políticos. El sector de bienes de capital no existe sin un ámbito que lo contenga. Hoy esta industria, como sector, no está en el discurso de nadie. En otra época, una empresa que estaba ligada a una empresa de punta por lo menos recibía el beneficio de las políticas de desarrollo de proveedores estratégicos (por las cuales la propia empresa líder financiaba y apoyaba el desarrollo de sus proveedores). Pero la globalización cambió las reglas de juego.
–¿En qué sentido las cambió?
–La globalización no fue neutra. Hoy las empresas líderes, sobre todo si son extranjeras, tienen sus propios proveedores internacionales de tecnología y equipos. Eso facilita la transferencia de utilidades al exterior, y como no son productos estándar tampoco es fácil determinar si los precios declarados son reales. Encima, por el poder que tienen esos sectores, las empresas en posición dominante tienen una especie de poder de veto sobre las políticas industriales e imponen reglas en su propio beneficio, obteniendo ventajas adicionales. Ahí es donde tiene que aparecer el Estado con decisión política de defender el sector y el desarrollo industrial nacional.
–¿El crecimiento de los últimos seis años mejoró la situación?
–En otros sentidos, sí. Pero en nuestro sector, incluso en sectores de producción a gran escala, la participación nacional decayó. Un ejemplo es el de maquinaria agrícola, que creció a la par de la producción agrícola pero cada vez con más participación de maquinaria de origen importado. Hoy el 60 por ciento del equipamiento interno de productos metalmecánicos en Argentina, y no sólo en maquinaria agrícola, es importado. Por eso nos duele que desde las más altas esferas oficiales se elogia que aumente la importación de bienes de capital. Se ignora que ese dato oculta la destrucción o el desplazamiento de una parte estratégica de la industria nacional. Y significa el bloqueo a la posibilidad de crecimiento tecnológico.
–Tampoco se oyó una reacción del sector industrial por este crecimiento desequilibrado. Ustedes están en Adimra, que a la vez está en la UIA...
–Porque estábamos en piloto automático. Tras la crisis y la devaluación, la cuestión era recuperar trabajo. Ahora nos encontramos con que la dificultad aparece en el horizonte, por problemas estructurales no resueltos. Faltó debate político. Y sigue faltando. Todos los sectores afectados deberían estar discutiéndolo. Pero no tenemos un ámbito para eso.
–¿Cómo ven posicionado al gobierno nacional frente a estos planteos?
–En el Gobierno vemos que hay una voluntad de avanzar en políticas de desarrollo industrial. Pero en el nivel de concreción eso no se ve. Como industriales, deberíamos aportar a ese espacio, pero falta identidad de los mismos industriales y no hay una búsqueda para ver cómo nos ponemos de acuerdo y obtenemos expresión en ese sentido.
Fuente Pagina 12 23/08/2009
La importancia de tener una fuerte industria nacional de bienes de capital
Ingeniero Luis Manini
Presidente de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC)
El presidente de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC), ingeniero Luis Manini, resalta el carácter estratégico del sector y el papel que desempeña en el desarrollo tecnológico y la competitividad de los países. Destaca que su fortalecimiento depende de la adopción de una serie de medidas y políticas específicas que constituyen el núcleo central del estudio “Diagnóstico y propuestas para el desarrollo estratégico de la industria de bienes de capitalen la Argentina” presentado recientemente por la entidad.
Desde su nacimiento, CIPIBIC mantiene un nítido perfil de promoción de la actividad industrial de alto valor agregado y empleo calificado. Nuestros socios, que por definición estatutaria excluyente deben ser empresas de capital nacional, han sostenido y fortalecido el ideario de sus fundadores.
El desafío de todas las cámaras de fabricantes de bienes de capital agrupadas en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Republica Argentina (ADIMRA), es lograr las condiciones para que nuestras industrias se desarrollen. En esa dirección, hemos considerado necesario apuntalar el accionar conjunto y con el valioso aporte del “Programa de Desarrollo y Fomento de Cámaras Regionales y Sectoriales Metalúrgicas” de ADIMRA, elaboramos un estudio –“Diagnóstico y propuestas para el desarrollo estratégico de la industria de bienes de capital en la Argentina”- que hemos puesto a consideración del sector industrial y de los funcionarios oficiales pertinentes.
El trabajo fue desarrollado en base a entrevistas con nuestros socios activos, complementadas con encuestas a los socios adherentes, y fundamentado con una labor de investigación y tareas de análisis estadístico.
En primer lugar intentamos resaltar la importancia del sector. Las industrias de bienes de capital son “fábricas de fábricas” y por lo tanto constituyen un sector económico de relevancia estratégica. En base a esto sostenemos que el régimen de bienes de capital debe ser una Política de Estado.
Fundamentos
La búsqueda de un incesante desarrollo económico social se enlaza con el afianzamiento de la soberanía científico tecnológica y, para ello resulta ineludible la intensificación y profundización de las capacidades locales para la producción de bienes de capital, que son los bienes que se aplican a un proceso productivo, que permiten elaborar otros bienes, servicios o riqueza y que no se extinguen con el uso.
Las industrias de bienes de capital son determinantes en los procesos de industrialización de carácter nacional por su elevada densidad tecnológica y sus variados encadenamientos productivos. La experiencia de otras naciones muestra que su fortalecimiento permite extender las posibilidades de avance científico tecnológico sostenido de un país.
La producción nacional de bienes de capital posibilita la acumulación de conocimientos de una gran multiplicidad de procesos incorporándolos luego a sus propios productos. También desempeña un rol irremplazable en la optimización de recursos y materias primas frente a la incorporación de tecnología importada. El fabricante nacional, junto con sus ingenieros, científicos y obreros, dominan no solo los aspectos técnicos de la fabricación del bien en sí mismo, sino que también se especializan en el dominio de los procesos industriales aguas arriba y abajo, lo que les permite un mayor dominio técnico de su actividad y la posibilidad de impulsar la difusión de tecnologías en condiciones ajustadas a las necesidades del país.
Todas estas ventajas se pierden frente a la “transferencia” de tecnología a través de equipos importados. En este caso opera la disociación entre el “saber como” (vinculado al uso de una tecnología) y el “saber porque” (vinculado a la creación de una tecnología).
Esta disgregación determina que quien transfiere (la empresa extranjera) restringe los usos y la difusión de la tecnología. Adquirir el “saber como” de un proceso tecnológico implica sólo un período limitado de aprendizaje, con un bajo desarrollo de actividades de investigación e ingeniería nacional.
Es necesario enfatizarlo. La compra de tecnología no involucra el dominio de la misma. El proceso creativo, es decir el desarrollo del “saber porque”, es el único que asegura el dominio tecnológico, y para ello se requiere que la investigación, la ingeniería y la fabricación estén en manos de empresas nacionales.
Cuanto más desarrollada esté la industria nacional de bienes de capital, mayor será el conocimiento atesorado sobre productos, procesos, recursos naturales y energéticos disponibles, y esto redundará en mejoras de competitividad de todo el aparato productivo. Todo ello realizado con una estructura del empleo orientada a mayores calificaciones y cualidades técnicas, favoreciendo un desarrollo social más equilibrado.
Los bienes de capital definen la diferenciación competitiva de los países . Para ser proveedor confiable de materias primas levemente elaboradas alcanza con importarlos. Si por el contrario se piensa en una nación que albergue dignamente a sus 40 millones de habitantes, el fortalecimiento de la industria de bienes de capital nacional es imprescindible.
Creemos que el estudio al que nos hemos referido al comienzo de esta nota, ayuda a definir un rumbo estratégico. Y lo hemos puesto a consideración de todos, con la certeza que es apenas un borrador inteligente que requiere del aporte amplio y generoso de otros protagonistas que ayuden a perfeccionarlo y enriquecerlo, pero fundamentalmente a hacerlo posible.
Propuestas
A modo de resumen, enumeramos algunas de las medidas que consideramos necesarias para hacer viable la existencia y fortalecimiento de nuestras industrias como creadoras de tecnología, demandantes y formadoras de empleo calificado y en condiciones de asegurar una sociedad más justa e integrada.
1. Modificar la regresiva estructura tributaria actual. En este punto, la propuesta contempla: la eliminación de los impuestos sobre la facturación (cheque, ingresos brutos); la simplificación de la estructura tributaria para las pequeñas y medianas empresas; Ley PyME de reinversión de utilidades; la amortización acelerada de bienes de capital nacionales y la unificación del IVA en el nivel de la tasa general, evitando la generación sistémica de saldos a favor del contribuyente de difícil recuperación y que impactan sobre el capital de trabajo.
2. Modificar la estructura arancelaria y redefinir del grado de apertura de la economía.
3. Reconstruir las ramas estratégicas de las diferentes cadenas productivas domésticas.
4. Impulsar la producción nacional de materias primas de fundamental importancia para el desarrollo del sector,
5. Acceso a precios competitivos de las materias primas e insumos no producidos en el país.
6. Modificar la legislación sobre Riesgos del Trabajo.
7. La Obra Pública debe ser un motor de la economía en general y de la demanda hacia el sector en particular, garantizando el cumplimiento efectivo de las leyes de “Compre Argentino” y de “Contrate Nacional”.
8. Mejora del tipo de cambio real sectorial para bienes de capital, eliminando el derecho de exportación y restituyendo el reintegro a las exportaciones a su valor histórico.
9. Recuperar la capacidad científica y tecnológica.
10. Crear un Banco de Desarrollo Productivo e Industrial que financie a largo plazo y con tasas adecuadas la actividad.
La implementación de estas medidas, junto al combate contra el empleo “en negro”, redundará en un mejoramiento significativo en la distribución del ingreso, con la consiguiente ampliación del mercado interno.
Fuente Publicación Edición industrial N° 220
Entre la expectativa y el escepticismo por la nueva Lockheed
Provincia y Municipio dieron todo su respaldo político a la estatización de la fábrica militar de aviones. Por ahora, sólo hay contactos con Embraer. Las pymes y los metalúrgicos locales esperan que se los sume y que haya algo más concreto que un anuncio.
Las principales figuras de las administraciones provinciales y municipales, además de un puñado de intendentes del interior y algunos empresarios. CTA, CGT, CTERA, los aeronáuticos y movimientos como el 25 de Mayo que clamaban por “Giacomino Gobernador 2011”, le dieron una estruendosa bienvenida a la presidenta. “Cristina, es mentira que no te quieren en Córdoba”, le aseguraban desde la tribuna a la primera mandataria.
Arriba, la acompañaron además del gobernador y el intendente sus hombres: Carlos Zaninni (Legal y Técnica), Lino Barañao (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), Julio De Vido (Planificación) y Ricardo Jaime (Transporte). Abajo, cruzaron efusivos abrazos, entre otros, el vicerrector de la UNC Gerardo Fidelio con el Ministro de Trabajo Roberto Avalle y el rector de la UES 21 Juan Carlos Rabat con Daniel Rey, Secretario de Desarrollo Urbano municipal.
La presidenta selló la estatización del Área Material Córdoba y aseguró que desde allí “se debe brindar mantenimiento a la flota de Aerolíneas, comenzar con una etapa de sustitución de importaciones y traer simuladores de vuelo para que los pilotos se capaciten acá”.
Schiaretti decidió empezar “pegándole” a la norteamericana asegurando que el proyecto Lockheed era un tapón para el desarrollo industrial y termino pidiendo que el Estado Provincial y las pymes sean parte de la nueva empresa y que se pueda pagar a los fabricantes de aviones con aeropartes locales.
Escepticismo entre empresarios locales
A diferencia de la plana política, la dirigencia empresaria no tuvo un papel preponderante en el acto de ayer. “Todavía no hubo contactos ni nos dijeron nada, ojalá salga algo concreto. Soy optimista sobre que va a volver a ponerse en funcionamiento la fábrica, pero soy escéptico sobre el efecto multiplicador que esperan que llegue a las pymes. No va a ser tan importante”, señaló el titular de la Cámara de Metalúrgicos de Córdoba, Juan Grundy.
“Por ahora, es sólo el anuncio con los socios de la cámara no hubo ningún tipo de consulta ni contacto”, reconoció Jorge Berti, de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina.
Fuente Punto a Punto On line 18/03/2009
La industria mediana contra los gigantes
Por Raúl Dellatorre
La cámara de industrias de bienes de capital reclama regulación estatal a los monopolios. Pide debate sobre el modelo de desarrollo.
Actividades de alto desarrollo tecnológico se retrasaron respecto de las que explotan recursos básicos.
En el sector industrial empiezan a surgir debates sobre definiciones que habían quedado pendientes antes de las elecciones del domingo pasado y que el resultado del escrutinio no llegó a resolver. Frente a la postura “dura” en contra de cualquier tipo de intervención regulatoria del Gobierno expresada por las cúpulas industriales, un sector de la mediana empresa ha salido a reclamar un debate amplio sobre el modelo industrial y una acción del Estado que contemple “la regulación a grandes empresas extranjeras y compañías oligopólicas de capital nacional”. A diferencia de los grupos económicos concentrados y las entidades que los representan, demandan políticas diferenciales en favor de las pymes y un “incremento en los márgenes efectivos de protección” para sectores de importancia estratégica, en vez de megadevaluaciones o transferencias directas y sin contraprestación del Estado hacia los grupos dominantes. Un trabajo titulado “Diagnóstico y propuestas para un desarrollo estratégico de la industria de bienes de capital en la Argentina”, preparado por la cámara que agrupa a las empresas del sector –Cipibic–, señala estos y otros puntos para forzar, según expresan, “una necesaria discusión política e ideológica en Argentina” acerca de su política de industria y desarrollo. Durante la campaña electoral, el núcleo más concentrado de la cúpula empresaria jugó un rol protagónico en la oposición al Gobierno, siguiendo la línea dibujada sobre el mapa político por la Mesa de Enlace rural un año antes. El oficialismo, sin embargo, no logró instalar la diferenciación entre los modelos económicos en pugna como eje de discusión, pero tampoco logró que los sectores representados por un modelo económico de inclusión social se involucraran en la pelea electoral. Un aspecto clave que explica esta ausencia es no haber logrado dar participación a los sectores económicos más afectados por la concentración industrial, comercial y financiera de los ’90 (pymes e industria local enfrentada a grupos dominantes) en el debate sobre el diseño de una política que transformara esas condiciones estructurales.
Un documento elaborado por la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic) propone “una serie de ejes argumentativos para confrontar con sectores que, con amplio consenso social, plantean que la mejor opción para la Argentina pasa por consolidar un perfil de especialización productivo-industrial estrechamente ligado al procesamiento de recursos básicos, derivados de los sectores agropecuario, hidrocarburíferos y minero”. Es decir, señala, “la preservación y la potenciación del statu quo productivo resultante del largo período de vigencia del neoliberalismo extremo en nuestro país (1976-2001)”.
También señala que, en muchos aspectos, estos factores se mantuvieron vigentes en “la trayectoria de la economía y la industria doméstica en el escenario de la posconvertibilidad”, período en el que incluyen al gobierno de Néstor Kirchner. En tal sentido, critica las posturas que tienden al fortalecimiento del “reducido universo de actividades consideradas eficientes dados sus costos de producción, y por esa vía a los grandes capitalistas que las controlan”.
Esos preceptos básicos derivaron, según la Cipibic, “en un acentuado repliegue de la estructura fabril hacia actividades ligadas con la explotación de recursos naturales y la producción de commodities, y el desmantelamiento de las manufacturas de mayor complejidad y densidad tecnológica, en particular las relacionadas con la fabricación nacional de bienes de capital”.
Dadas las condiciones previas, señala el provocativo estudio empresario, “no resulta casual que la señalada reestructuración regresiva del sector fabril doméstico se haya dado de la mano de una fenomenal concentración y centralización del capital, que se refleja en la consolidación de un puñado de grandes empresas y grupos económicos, mayoritariamente de capital extranjero, y un marcado retroceso del segmento de las pymes”. A juicio de los autores del estudio, ello tuvo repercusiones negativas sobre el mercado laboral, la distribución del ingreso y la configuración regional de la producción industrial.
Lo curioso es que a esos resultados negativos se haya llegado a través de un proceso de expansión de la economía (de 2002 a 2008) sin precedentes históricos. El documento de Cipibic da su interpretación del fenómeno. Admite que en los últimos años se ha verificado un crecimiento en los niveles productivos y ocupacionales, pero al mismo tiempo se ha dejado de lado una integración industrial que permitiera difundir las ventajas comparativas de unos pocos segmentos de actividad. Mientras se verifica el dinamismo de aquellos sectores vinculados con la explotación de recursos básicos (minerales y agropecuarios, como siderurgia y aceites, por ejemplo), se observa el retroceso de actividades con un elevado grado de desarrollo tecnológico (industria de bienes de capital y de procesos). Una característica adicional es que los primeros, los sectores dinámicos, operan en mercados altamente concentrados.
Tal desintegración y “simplificación productiva” consolidó la dependencia tecnológica y la vigencia de una matriz productiva desintegrada. El efecto fue que, a medida que crecía el sector vinculado a la explotación de recursos básicos, aumentara la importación de insumos, maquinaria y equipo de producción. Pese al perfil y orientación claramente exportadores de los grupos concentrados que controlan aquellos sectores, la industria pasó a ser crecientemente deficitaria en el comercio exterior sectorial.
En tanto esos grupos concentrados son visualizados como los “generadores de divisas para el país”, advierte Cipibic, logran una proyección política que pesa sobre el conjunto de la sociedad. Se trata, principalmente, de cerealeras, aceiteras, productoras de alimentos envasados y petroleras. “Este lugar les otorga un determinante poder de veto sobre la orientación de las políticas públicas y, más en general, el funcionamiento del aparato estatal”, define el trabajo.
Advierte el documento que “la vigencia de un tipo de cambio real competitivo y estable puede ser un aliciente necesario para la expansión de las actividades fabriles, pero es claramente insuficiente si a lo que se aspira es a contar con un sistema industrial integrado”. En cambio, una política que aliente “alternativas de reindustrialización” y difusión de los beneficios de los que se apropian hoy los sectores concentrados debería contemplar, entre otros puntos, la regulación del Estado sobre empresas extranjeras que predominan en el sector industrial local y “de muchas compañías oligopólicas de capital nacional que tienen una lógica de acumulación que es asimilable a aquéllas”.
En sus conclusiones finales, el documento de la cámara de la industria de bienes de capital sostiene que “recolocar al país en un sendero de desarrollo económico y social, es decir, de reindustrialización y redistribución del ingreso no podrá ser obra del mercado, sino que se requiere una intervención estatal decidida, sostenida y flexible (...). Sin duda, esto implicaría enfrentar a importantes segmentos de la sociedad (empresarios industriales, entre ellos). Sin embargo, las dificultades no serían más serias ni más riesgosas que las que se desprenderían de no hacerlo o de llevar a cabo una estrategia de conciliación de intereses inadecuada, inconveniente en tanto profundizaría aun más el subdesarrollo nacional”.
